Lo sucedido en la llamada Audiencia Pública por la instalación del oleoducto y puerto petrolero confirma una vez más, la degradación institucional, la vulneración y avasallamiento de los derechos constitucionales, tal como la libre expresión de opiniones que, como ciudadanos deberíamos poder expresar.
El pasado 17 de agosto/23 se llevó a cabo una Audiencia Pública, en Sierra Grande, convocada por la SA y CC de Río Negro, para tratar el Proyecto del Estudio de Impacto Ambiental del Oleoducto que culminaría con un puerto en esa zona, en Punta Colorada.
Pero eso no fue una Audiencia Pública donde se deben ofrecer las garantías para que se dé la opinión de todos los actores relevantes interesados en el desarrollo del proyecto, independientemente de que sean afectados o no. Sucedió lo contrario. Se impidió el ingreso de asambleístas al espacio, ya sea quienes estaban acreditados o no. Se les cambió el orden de exposición, y a quienes quedaron afuera, se los amedrentó y violentó físicamente frente a un despliegue exagerado de fuerzas policiales que muy sospechosamente no pudo evitarlo.
Estos hechos se suman a la ilegalidad de todo un proceso que comienza con la modificación inconsulta de la Ley 3308 que protegía al Golfo San Matías, violando principios y leyes provinciales, nacionales y acuerdos internacionales, y sancionada luego con la misma metodología: el uso de una tribuna como fuerzas de choque, que apoya el proyecto y que ejerce su poder para lograr lo que supuestamente, traerá progreso y desarrollo a los ciudadanos de Sierra Grande.
Sin la puesta en práctica de todos los instrumentos de avanzada con los que cuenta la democracia, para lograr acuerdos en espacios de consenso y respeto de todas las opiniones, se lesiona nuestra democracia. Con uso de fuerzas de choque que violentan y amedrentan a los asambleístas, se lesiona nuestra democracia. Haciendo creer a la población a través de un video que todo sucedió en paz y que no hubo opiniones contrarias, y más grave aún, con un discurso falaz y cómplice, se lesiona y degrada nuestra democracia.
Ante este lamentable escenario es urgente poner en funcionamiento los procesos y herramientas democráticas, con transparencia e igualdad, para resolver los graves conflictos ambientales. Quizás así podremos reencauzar lo que parece nos lleva a un abismo sin retorno en un planeta ya castigado por catástrofes climáticas y ambientales. NO podemos perder esta última oportunidad para evitar precipitarnos en él.
Si la Democracia está degradada, el Ambiente y nosotros que somos parte de él, estamos en riesgo.