Los intereses asociados a la industria petrolera no se rinden. Ni aún ante las indiscutibles implicancias de los combustibles fósiles en el cambio climático y sus dramáticas consecuencias para la humanidad, ni ante los compromisos asumidos por el país en este tema ante la breve ventana de tiempo restante para evitar una debacle irreversible. El Golfo San Matías está amenazado por ellos una vez más.
Recientemente la gobernadora de Río Negro, legisladores provinciales y el intendente del Municipio de San Antonio Oeste se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este. Incluso el intendente Casadei decretó esta intención de interés municipal (decreto N°1847/21).
La existencia de la Ley 3308/99 que prohíbe la exploración, explotación y transporte de petróleo y derivados en el Golfo San Matías implica que esta intención sea ilegal. Pueden acceder al texto completo de la ley aquí:
En consecuencia, ya se han escuchado voces de legisladores oficialistas proponiendo su derogación.
La Ley 3308/99 (conocida como ley Lassalle, por el legislador sanantoniense que presentó el proyecto) tiene su origen en la voluntad popular que rechazó en 1995 el proyecto de YPF para construir un oleoducto desde Puesto Hernandez, Neuquén, hasta 15km al sur de Las Grutas, donde una monoboya conectada a un ducto submarino serviría como sitio de atraque de buques superpetroleros (de mas de 300m de eslora). Transcurría enero de 1995 cuando la noticia, por su magnitud, fue tapa de los diarios regionales y luego aparecieron notas en los grandes diarios nacionales. Se hablaba de una inversión de 300 millones de dólares, el impulso a la industrialización de la región y la generación de nuevos puestos de trabajo. En el inicio de la campaña electoral que elegiría nuevo gobernador el candidato radical, por entonces legislador provincial Pablo Verani, se expresó de inmediato a favor del proyecto porque transformaría a Las Grutas en el Comodoro Rivadavia rionegrino…
Pero la reacción de los habitantes fue inmediata y contundente. Con el acompañamiento del Intendente Carlo Carassale y la Comisión Municipal de Ecología, vecinos e instituciones comenzaron a reunirse, a juntar datos sobre la actividad turística y pesquera, a solicitar por nota información veraz a las autoridades, a realizar actividades de comprensión y difusión sobre lo que podría significar una monoboya para carga de superpetroleros en un ambiente valioso y sensible, que apenas hacía dos años había sido declarado área natural protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. Mayoritariamente la comunidad privilegió las actividades de pesca y turismo así como la conservación del ambiente del cual dependen. El lema que los nucleó fue NO AL OLEODUCTO, GOLFO AZUL O GOLFO NEGRO. Surgieron pasacalles, pintadas de murales y calles realizadas por alumnos del Instituto Cambridge de Idioma Inglés, jornadas de recolección de firmas en las ciudades y playas, un yate con el lema en su vela surcaba el mar frente a Las Grutas mientras los comerciantes organizaban un apagón. Febrero del 95 marcó una actividad febril que hoy podemos recordar viendo los recortes de medios de prensa escrita. Pronto comenzaron a llegar notas de adhesión a la campaña de instituciones, partidos políticos y concejos deliberantes de ciudades rionegrinas. A principios de marzo de 1995, unos vecinos lograron llegar al escenario donde el presidente Menem presenciaba un acto en su visita a Carmen de Patagones y le entregaron en mano las 12700 firmas obtenidas hasta ese momento, exigiendo que el proyecto se dejara de lado. El legislador Verani comprendió la decisión popular y desechando su inicial adhesión presentó un proyecto de ley que se convirtió en el mes de julio en la ley 2892. Su artículo 1ro: "Prohíbese la instalación de oleoductos cuyas terminales de carga y descarga a buques petroleros pretendan instalarse en cualquier punto del Golfo San Matías".
Fue tan categórica la respuesta de la comunidad que diarios como Clarín, La Nación y el Buenos Aires Herald dedicaron notas a la movilización por el No al Oleoducto.
Poco antes de la votación de la ley en la Legislatura Rionegrina, avanzado el otoño, los senadores nacionales Mazzuco y Constanzo propiciaron una reunión en el Congreso Nacional, entre vecinos y las máximas autoridades de YPF (recordemos que en ese momento la petrolera ya no era estatal, una de las grandes privatizaciones de empresas nacionales que se realizaron en los años 90). La noticia de boca de los empresarios fue sorpresiva y celebrada: YPF retiraba el carácter prioritario del proyecto y aseguraba que no se avanzaría en su concreción.
Esos escasos meses de tantas reuniones, debates y movilizaciones, llevaron a muchas de las personas que se involucraron en la campaña a pensar en la necesidad de contar con una organización no gubernamental local, con personería jurídica. Es así que inicia sus actividades la Fundación Inalafquen, capitalizando la energía y los aprendizajes en la campaña.
Años después, en 1999, la prensa informa de la intención del gobierno nacional de licitar la exploración petrolera en el Golfo San Matías y en inmediaciones de Península Valdés. Las invasivas técnicas de prospección sísmica son en sí mismas de alto impacto negativo para las poblaciones de mamíferos marinos y otros animales, alterando comportamientos e incluso ocasionando la muerte directa. La Fundación Inalafquen de San Antonio y Las Grutas y la Fundación Patagonia Natural de Puerto Madryn alertaron a la comunidad y trabajaron conjuntamente con el legislador Alfredo Lassalle para la ampliación de la protección de las aguas rionegrinas. El proyecto se votó por unanimidad en el recinto de la Legislatura provincial
La ley 3308/99 que hoy livianamente algunos pretenden derogar es, como muestra esta historia, el fruto del trabajo iniciado en 1995 por toda la comunidad. Estamos convencidos que en su defensa seremos muchos e incansables.
